El presidente Jimmy Morales, durante su discurso de ayer en la celebración del Soldado Caído, respondió a las acusaciones en su contra. AFP
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, con tono molesto y en momentos al borde del llanto, negó el viernes haber cometido actos de corrupción durante su campaña de 2015, tras una nueva acusación presentada por la fiscalía y una comisión antimafias de la ONU.
Morales salió al paso del segundo señalamiento de financiamiento electoral ilícito en su partido y arremetió contra la fiscal general Thelma Aldana y el exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El gobernante guatemalteco señaló que Aldana y Velásquez han pedido a la justicia quitarle la inmunidad "por cosas que son ilógicas (...) violando la presunción de inocencia y diciendo muchas mentiras".
La fiscalía y la Cicig presentaron el jueves una nueva investigación contra el partido oficial FCN-Nación (derecha) y contra Morales, entonces secretario general y candidato presidencial, por no haber reportado al tribunal electoral casi un millón de dólares de donaciones de importantes empresarios.
Según la investigación, Morales pidió que los aportes destinados a pagar a fiscales del partido en los centros de votación se hicieran fuera de las finanzas de la agrupación para evitar daños a la imagen que quería proyectar, como una figura ajena a la política tradicional y "sin compromisos".
"No recibí dinero, está más que claro", refutó el presidente junto con su esposa y cuatro hijos durante la conmemoración del "Soldado Caído" en la capital.
Las críticas del mandatario se dirigieron principalmente contra la Cicig y Velásquez, a quien intentó expulsar del país en septiembre pasado poco después de que el diplomático pidió que se le retirara la inmunidad presidencial, para investigar a Morales por la primera denuncia de financiamiento electoral ilícito.
"Dejen de sembrar terror, dejen de generar tumulto. Guatemala los ha recibido porque los invitó", señaló el presidente en referencia a la Cicig, instalada en 2007 a petición del gobierno para apoyar en la depuración judicial y atacar la corrupción.
Luego de ese intento de expulsión, Guatemala ha pedido a la ONU revisar el mandato de la Cicig.
